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¿POR QUÉ LO LLAMAN MOROSIDAD CUANDO QUIEREN DECIR PLAZO? (II)

Decíamos antes que la nueva Ley 15/2010 de “Modificaciones a la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad” no habla, en realidad, de morosidad. Pero además tampoco dice nada nuevo. Y es que ni siquiera la Ley 3/2004 era la primera que apuntaba este tema. La Ley 7/1196 del Comercio Minorista (LORCOMIN), en su artículo 17, ya fijaba claramente cuales debían ser las condiciones de pago en las operaciones comerciales. Pero poca gente la leyó y menos la aplicaron. Esa Ley fijaba que los pagos a más de 60 días debían hacerse con documentos que permitieran acción cambiaria (es decir, pagaré o letra aceptada), que los pagos a más de 90 días debían además ser endosables a la orden, y que en los plazos superiores a 120 días podía pedirse aval o seguro de crédito. Y ya se decía que los intereses de demora debían ser superiores al tipo legal del dinero incrementado en un 50%. ¡Y eso se legisló hace 14 años!

Pero parece que poca gente se lee las leyes. La Asociación Española de la Banca, en plena vigencia de la Ley, publicó la Norma 68, que permite la emisión de recibos negociables por los pagadores,  que no permiten acción cambiaria, y al plazo que se quiera. Es decir, saltándose la Ley. Y tampoco los vendedores fueron muy exigentes en su aplicación.

Y así llegamos a la Ley 3/2004. Mínimas variaciones sobre la LORCOMIN, pero con dos importante inclusiones: el concepto de cláusulas abusivas y la presión sobre las Administraciones Públicas al incorporarlas a las exigencias de plazos.

¿Y por qué hace falta entonces la Ley 15/2010? ¿Por qué durante 3 o 4 años nadie protestó? Pues porque no hacía falta. La financiación bancaria era abundante y no era un problema el cobrar a mayor o menor plazo, porque las entidades cubrían todo el volumen necesario. Pero cuando hacia 2008 se corta el grifo de la financiación,  todo el mundo apunta a un concepto: El plazo. Si hay menos plazo, hay menos volumen de circulante y se necesita menos financiación, que es escasa. ¿Y qué hacemos? Recurrir a “Papá Estado” para que legisle la limitación de una condición comercial. No deja de ser irónico: llamamos al peor pagador para que legisle sobre plazos de pago.

Y hacemos otra Ley. Para eso están los legisladores. Y eliminamos capacidad de pacto (prohibido fijar plazos a más de 60 días), fijamos objetivos imposibles (las Administraciones Públicas pagarán a 30 días), aseguramos que todo sea transparente (la Intervención General del Estado publicará un informe trimestral de la situación, que si algún lector ha encontrado me gustaría que me comunicara) y obligamos a las empresas a hacer unos informes sobre pagos que no son fáciles de obtener (se debe incorporar en los sistemas de información, junto a los datos actuales de la factura, la fecha de recepción del bien o servicio y controlar la fecha de pago, que si es con cheque no sé si es la fecha de emisión o la fecha de cargo en cuenta).

Un juego de despropósitos, unido a mucho voluntarismo. Pero no quiero alargarme. En la próxima entrega hablaremos de los cambios que sí se avecinan.

Todos documentos mencionados (las leyes y la nueva directiva) se pueden ver y descargar en nuestro perfil de slideshare o se pueden descargar directamente hacer click en:

Ley 3/2004

Ley 15/2010

Ley 7/1196

Directiva 2011/7/UE

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