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Y no bajar la guardia, que queda mucho camino

seguir el caminoHace pocos días, publicábamos una entrada solicitando seguridad jurídica y cumplimiento de las leyes Las leyes hay que creérselas…Y luego aplicarlas . Y casi de inmediato el Consejo de Ministros decide modificar la Ley de Contratos del Sector Público, añadiendo a los criterios de solvencia exigidoen los contratos con las administraciones , un nuevo concepto ligado a la morosidad. Y esto es algo por lo que todos debemos felicitarnos.

En un país de PYMEs muchas de ellas nunca han acudido a una licitación, así que brevemente explicaremos su mecánica.

Todo se basa en 3 sobres: el sobre A, el B y el C. Cuando el día fijado la mesa de contratación empieza a abrir las plicas, lo primero que se abre es el sobre A. Ahí se decide si el licitante cumple con las condiciones necesarias para acudir a esa licitación. Y ahí se habla de personalidad jurídica, capacidad para contratar con las Administraciones, representación legal, estar al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda, avales exigidos para acudir a la licitación,… y los criterios de solvencia económica y técnica.

Si el licitante no cumple todos esos requisitos, queda automáticamente excluido. Tras hacer la lista de aceptados, que es lógicamente recurrible, se abren el sobre B, donde figura la propuesta económica, de los que se toma nota.

Y a partir de ahí, el sobre C de los licitantes aceptados pasa al análisis técnico. Normalmente, en esta fase, que puede durar 2 o 3 semanas, es donde se hacen los “enjuagues” en las licitaciones, pues junto a valoraciones objetivas, hay otras más subjetivas (por citar ejemplos, cobertura de rutas, cobertura de servicios ofrecidos, plan de seguridad…) que permiten hacer de más y de menos en la puntuación. Y pensemos que se puede perder una licitación por 0,5 puntos sobre 100.

Lo primero y relevante es que el nuevo requerimiento se ha colocado en el sobre A, o sea en el punto de partida de todo el proceso, que es uno de los más objetivos.

Decía el conde de Romanones: “Hagan Uds. las leyes y déjenme a mí los reglamentos”. Y por eso hablamos de no bajar la guardia.

Y ¿qué no nos gusta? Primero que se utiliza la expresión “podrá” (El órgano de contratación podrá exigir que el periodo de pago medio a proveedores del empresario…). Debería quedar claro que este requerimiento no puede ser optativo del órgano contratante, pues puede abrir una vía de menor cumplimiento relevante. Por eso las mismas fuentes de Hacienda ya anuncian que la morosidad penalizará, pero no excluirá. Y eso es poco claro, porque la resolución del sobre A es “SI o NO”. O se está admitido o no. No vale lo de “estar muy admitido o poco admitido”. No hay valoraciones.

Debería regularse que, ya en los pliegos de licitación, se informe claramente no solo que son exigibles unos plazos de pago habituales por parte de la empresa a sus proveedores, sino decir claramente por encima de que valor se elimina la capacidad para participar en la licitación.

Por otro lado, Hacienda reconoce que se está luchando contra la morosidad, pero que “se dará un tiempo a las compañías para ponerse al día”. Y que el plazo que se fije “no tiene por qué ser el de la Ley de morosidad”. A ver, cumplir la Ley no es ponerse al día,…es ponerse al año. Si en 10 años no se han puesto al día, que se fije un plazo claro y concreto para hacerlo. Pero es y será ridículo, salvo que lo que se quiera es poderle decir a la Unión Europea que se están adoptando medidas para reducir los plazos de pago en el sector privado, y así ralentizar el proceso que se ha iniciado contra España.

Y además esto solo tiene que ser el punto de partida de más acciones contra la morosidad. Pensemos que el peso de los contratos públicos en la UE supone entre el 12% y el 15% del PIB. O sea, que queda “mucha economía” por reordenar. Porque también hay mucha gran empresa que no trabaja para los organismos públicos de forma preferente.

Y dado que se ha decidido, creo yo que con buen criterio, ir a una penalización indirecta, y no vía sanciones, podemos proponer otras medidas que fuercen al cumplimiento de la Ley de Morosidad.

La misma Ley cita que una de las causas de la morosidad es la voluntad de obtener una financiación. Financiación casi siempre gratuita, que reduce los costes financieros. Costes financieros que tienen limitada su importe para ser considerados gasto deducible.

La propuesta sería calcular cual es la sobrefinanciación, sobre 60 días, que la empresa ha obtenido en sus compras, según los datos de la cuenta de resultados (compras, servicios exteriores…). El PMP puede ser una buena herramienta, y rápida de aplicar. Y sobre esa financiación, y a un tipo de interés que puede ser el legal del dinero, para hacerlo simple, evaluar un importe de menor coste financiero que se considerará ingreso atípico, y por lo tanto sujeto al IRS.

Mayor recaudación para Hacienda, más presión para los incumplidores y recoger el espíritu de la Ley. Bueno, bonito y barato (para quien cumpla la Ley, claro). Y esto puede aplicarse a cualquier tipo de compañía.

La morosidad es un tema lo suficientemente complejo como para intentar articular soluciones viables. Y por ideas no debe de quedar.

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