Blog económico financiero de Grupo Choice

Sanción legislativa y bien protegido

mirar hacia otro ladoHace unos días hablábamos de las modificaciones en la Ley de Contratos del Sector Público, donde se establece como elemento de la capacidad de contratar el cumplimiento (mayor o menor) de la Ley de Morosidad.

Está claro que el objetivo de este cambio es la protección de un bien, que es la integridad financiera del vendedor, eliminando prácticas reprobables como alargar los plazos de pago más allá de lo que marca la ley, con el fin de obtener financiación gratuita (que claramente es lo que se busca). El bien protegido podríamos decir que es la seguridad en el tráfico mercantil.

Y todos nos hemos felicitado de ese tema. Pero cuando he estado revisando las últimas modificaciones del Código Penal, de abril de 2015, he visto como se intenta proteger desde la Ley determinados bienes jurídicos. Y he tenido la sensación de que en algunos temas se mira hacia otro lado.

Y si nos vamos a los delitos de corrupción en los negocios, la Ley prevé que en el caso de intento de corrupción a un funcionario público se establecen determinadas penalizaciones accesorias. El bien protegido es clarísimo: asegurar el patrimonio público. Y las penas accesorias son, y copio del BOE.

“Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones económicas de trascendencia pública por un período de siete a doce años”.

A tal señor, tal honor. Intentar corromper a un funcionario, acción que va contra la trasparencia y las reglas del mercado, deberán ser sancionado, y no olvidemos la expresión “en todo caso”, con la imposibilidad de contratar con el Sector Público y la pérdida de cualquier tipo de ayuda de los Organismos Públicos.

Y si seguimos con estas modificaciones en el Código Penal, nos encontramos el endurecimiento de penas contra los delitos de piratería y falsificación. Claramente el bien jurídico protegido es la propiedad intelectual en su más amplia definición. Y ahí aparecen unas penas accesorias, que quedan esta vez en manos del juez, según la gravedad que aprecie, pero que no tienen desperdicio: multas, disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades hasta 5 años, prohibición temporal ( hasta 15 años) o definitiva de ejercer la actividad que ha favorecido el delito y , lógicamente  otra vez “ la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de  beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo que no podrá exceder de quince años”.

Es lógico que teniendo en cuenta el bien jurídico a proteger y su impacto en la economía, la sanción sea relevante. Según una noticia de la AEAT, las pérdidas de las empresas por piratería y falsificaciones ascendieron a 300 millones en 2014. Otras fuentes hablan de pérdidas de 1.700 millones en la industria cultural  o de 4.700 millones en el sector de perfumería y cosméticos.

Y podríamos hablar ahora de la relevancia económica de la morosidad. Y para ello adjuntamos el link al informe de junio de 2015 de CEPYME y el Ministerio de Industria, donde se cifra el coste de la morosidad en 1.600 millones €. En los medios se citan cifras de 400.000 empresas cerradas por problemas ligados a la morosidad (pura asfixia financiera). Y podríamos evaluar cuántos puestos de trabajo han supuesto estos cierres. Pues bien, parece que todo esto no tiene suficiente importancia como para establecer sanciones como las que se prevén en otros casos. ¿Por qué? Pues solo cabe pensar que el legislador considera que este bien jurídico, la seguridad en las relaciones comerciales, no merece tanta protección.

Y no pedimos multas ni cierres. Pedimos solamente la pérdida de ayudas o subvenciones fiscales o de la SS, o pérdida de la capacidad para contratar con el Estado. No simplemente el que “podrá tenerse en cuenta”, sino el estricto “en todo caso se tendrá en cuenta”.

No pretendemos volver al siglo XIX y a las novelas de Dickens, con la prisión para los deudores morosos. No es este sitio para un código penal. Pero sí creemos que es necesario que se tenga en cuenta que hay que legislar para proteger un bien con un impacto económico notable, tanto o más que otros que son calificados como delito y son protegidos con niveles de sanción muy personales.

El legislador no ha ni de inventar nuevas frases. Solo copiar lo que ya otras leyes prevén.

Y por cierto. Si quien demora los pagos busca financiación adicional gratis, en este informe que acompañamos aparecen datos para una estimación. Se habla de 214.450 M € en retrasos y 21,5 días de atraso medio. Si tomamos un coste medio de los recursos del 5%, eso implica que “algunos” se han ahorrado 631 M € en intereses.

Propongo que el Ministerio de Hacienda regule ese “menor coste”, que es en realidad un beneficio truculentamente obtenido, reduciendo un coste que tiene limitaciones legales como son los intereses, y que deba incorporarse en la base del IRS. Y el cálculo para cualquier empresa es fácil. Compras y servicios realizados, diferencia entre el plazo medio de pago declarado y 60 días, y evaluación al coste que fije al cierre de ejercicio la Ley de Morosidad. Aproximadamente eso supondrá unos ingresos públicos de casi 200 M €. Y no es difícil de plantear ni hará mucho más compleja la liquidación del impuesto.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*