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EL PREAVISO EN LA CANCELACION DE FINANCIACIONES

Nuestra reciente entrada sobre nuevas vías de financiación https://blog.choice.es/2015/03/las-nuevas-vias-de-financiacion/  pretendía aclarar algunos puntos del Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial, que esperamos que entre abril y mayo salga publicado en el BOE (además estamos en año electoral, y eso acelera la publicación de este tipo de normas). Pero por las consultas recibidas, vamos a centrarnos hoy en el Título I de la futura Ley, cuyo nombre es “Mejoras de la financiación bancaria a las PYMEs” y específicamente en su capítulo I “Derechos de las PYMEs en supuestos de cancelación o reducción del flujo de financiación

Son solo 4 artículos, y los dos últimos solo se refieren a que los derechos establecidos son irrenunciables, y que el Banco de España ejercerá su capacidad sancionadora en caso de incumplimiento (como falta leve , o en su caso grave, si hay incumplimiento reiterado.

El artículo importante es el 1, donde se establece que “las entidades de crédito notificarán, con una antelación mínima de 3 meses, su intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación que vengan concediendo a una PYME o de disminuirlo en una cuantía igual o superior al 35%”.” El plazo de 3 meses…se computará atendiendo a la fecha de vencimiento del contrato de crédito de mayor cuantía de los que componen el flujo de financiación”

Y estas condiciones son aplicables a todas las PYMEs y personas que ejerzan actividades económicas, o sea autónomos. Por lo tanto, caben aquí todas las empresas que tienen menos de 250 trabajadores y tienen un volumen de ventas inferior a 50 M € o un balance inferior a 43 M €. (y resaltamos el o y el y)

Hay 6 razones por las que la entidad puede no respetar ese plazo de 3 meses: porque la financiación sea inferior a 3 meses; porque la PYME entre en concurso de acreedores o acuerdo extrajudicial de pagos; por incumplimiento de las obligaciones de la PYME; por común acuerdo en la rescisión; por cese de la relación derivados de temas de blanqueo de capitales y la más importante. Y el más importante: Porque dentro de ese plazo de 3 meses la situación de la PYME o del tercero deudor cuyos créditos han sido cedidos…hayan empeorado de manera sobrevenida y significativa.

La Ley prevé toda una serie de información que la entidad deberá enviar a la PYME como soporte de la decisión que está tomando, y que se detalla en el artículo 2.

Y tras toda esta exposición del Proyecto de Ley, que adjuntamos al pie, debemos empezar a hacer las consideraciones desde el punto de vista de gestión. Porque lo que parece una facilidad, puede convertirse en un problema.

Como clara ventaja, se van a acabar los plazos agónicos en que, con 72 horas de anticipación no se sabía si una operación sería o no renovada

Pero lógicamente, la entidad, al estar obligada a comunicar un futuro recorte, deberá disponer de datos con mayor antelación que ahora sobre las futuras renovaciones. Y debe de cumplir, porque si no, será sancionada.  Las entidades más eficientes hoy comienzan sus peticiones de información y análisis con 2 meses de anticipación sobre el vencimiento. O sea que ahora deberán prever 5 meses, dos para analizar y los 3 de anticipación por si va a haber reducción. Y lo más lógico será que no se conformen con la información actual, (IRS del año anterior, IVA, IRPF y poco más) sino que pida a las empresas que digan cómo se ven en el momento de la renovación, es decir dentro de 5 meses. Y esto comportará que empiecen a pedir cuentas de resultados y balances previsionales.

Quizás para las medianas empresas, que la ley define como aquellas con más de 50 trabajadores, y más de 10 M € de balance o de ventas, esto pueda ser un tema resoluble, pero para una pequeña o microempresa ¿Será posible?  ¿Y para un autónomo?

No parece una situación fácil para muchas empresas, cuya única contabilidad es la que le facilita su gestoría o asesor fiscal, y que se lleva básicamente para las declaraciones fiscales.

La salida de “emergencia” de no comunicar la reducción y luego a aprovechar la posibilidad de decir que la situación de la empresa se ha degradado existe, pero no debería ser de habitual uso por las entidades. O sea, que lo que se avecina es una necesidad de aumentar el nivel de gestión previsional.

Y leyendo este Proyecto de Ley,  de las peticiones / coberturas de información que las entidades podrán solicitar, y lo que esto puede suponer de presión de las entidades sobre las pequeñas y microempresas, recordaba un artículo de la Ley de Servicios de Pago (sí, la que transpuso la normativa de SEPA, que como el libro de Picketty, todos conocen pero que muy pocos han leído de principio a fin, en su artículo 26. En su segundo párrafo  dice “Siempre que se haya acordado en el contrato marco,  el proveedor de servicios de pago podrá reservarse el derecho de bloquear la utilización de un instrumento de pago por razones objetivamente justificadas relacionadas con la seguridad del instrumento de pago, la sospecha de una utilización no autorizada o fraudulenta del mismo o, en caso de que esté asociado a una línea de crédito, si su uso pudiera suponer un aumento significativo del riesgo de que el ordenante pueda ser incapaz de hacer frente a su obligación de pago”

¿Sabían que el banco puede bloquear una orden de transferencia por un “aumento significativo de riesgo”, que es una apreciación meramente subjetiva? Y es una ley del año 2009.

Si esto lo puede hacer la entidad ¿No tendrá más fuerza aún para pedirle a una empresa que si quiere una renovación le diga cómo estará el año próximo?

Lo queramos o no, nos están obligando a planificar. Menos mal que viene una generación de emprendedores y start-up a los que les han explicado que junto con el plan de negocio han de tener un plan financiero. Al menos, a estos no les pillará por sorpresa.

 

Lectura recomendada

Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial

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