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LAS NUEVAS VÍAS DE FINANCIACIÓN

En el marco de la II Feria de la Financiación que se celebró en Zaragoza el pasado día 24 de Febrero, EFPA-España moderó la mesa redonda sobre: Nuevas alternativas de financiación, nuevos vehículos de inversión. Y en representación de EFPA, como moderador, tuve la suerte de asistir a una brillante presentación de Ana García y María Gracia Rubio, dos expertas que han estado en la discusión con el legislador de diferentes aspectos de estas normativas.

Esta entrada pretende recoger, en un breve resumen, las dos amplias y detalladas ponencias, desde el punto de vista de las nuevas vías de financiación.

La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por la alta dependencia de la economía europea del sistema bancario. Si en USA esa dependencia es escasamente del 22%, en Alemania y Francia es del 62% y en España del 80%.

¿Y que se ha hecho para solventar esta situación?

Por un lado, quizás con menor profundidad en los cambios de vías de financiación, aparece la “Ley de emprendedores “(Ley 14/2013 de 27 de Septiembre), que se centra en 4 puntos

1.- Protección y fomento del emprendedor de responsabilidad limitada, que permite excluir del riesgo empresarial la vivienda (valor inferior a 300.000 € o 450.000€ en ciudades de más de 1 millón de habitantes)

2.- Autorización de la fundación sucesiva en las sociedades limitadas.

3.- Incentivos fiscales (IRS al 15%; IVA de caja; Deducciones de IRPF a los Business Angels) y laborales (Estatuto del trabajador autónomo: dos años para liquidar sus deudas; nueva tarifa plana de 50 €)

4.- Cédulas y bonos de internacionalización, que permiten a las entidades “empaquetar” y comercializar estos bonos obteniendo liquidez.

Por otro lado aparece la Ley 22/2014, que más que ofrecer nuevas vías de financiación, regula vehículos de inversión especialmente dirigidos a la financiación empresarial

1.- Por un lado traspone una Directiva europea y regula las IICs (Instituciones de Inversión Colectiva) cerradas. Con la creación de estas entidades, se crea un vehículo de inversión libre. Y de hecho se pone coto, en parte, al shadow banking, pues este vehículo está sujeto a supervisión.

2.- Se modifica la Ley y Reglamento de IICs, y se regulan en mayor detalle las Sociedades y Fondos de Inversión libre y las sociedades de inversión inmobiliaria

3.- Una que tiene especial relevancia es la creación de las Entidades de capital riesgo PYME, que deben invertir el 70% de sus activos en PYMEs, ya sea mediante entrada en el capital, préstamos participativos, instrumentos ligados a beneficios o préstamos directos directa

Y por fin llegamos a la gran esperanza:El Proyecto de  ley de Fomento de la Financiación Empresarial. El viernes 20 de febrero salieron del Senado las alegaciones presentadas, que serán revisadas el 2 de Marzo. Por tanto se espera que antes de mediados de Abril, sea publicada.

Esta Ley, que pretende hacer más accesible y flexible la financiación a las empresas, sobre todo PYMEs, puede resumirse en 7 puntos :

1.-  Establece la obligación a las entidades de comunicar con una antelación de 3 meses a las PYMEs su intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación, o de disminuirlo en más del 35%.

                2.- Mejora el régimen de las Sociedades de Garantía Recíproca, potenciando  el reaval de CERSA, compañía estatal ligada al Ministerio de Industria, en caso de incumplimiento de la SGR.

3.- Se unifica la normativa de titulización de activos financieros e hipotecarios, lo que facilitará a las entidades el acceso a la liquidez tras el proceso de financiación

4.-Nueva regulación de los Establecimientos Financieros de Crédito (EFCs)

5.- Flexibilización del acceso al mercado, autorizando a las Sociedades Limitadas a emitir obligaciones con el límite del doble de sus recursos propios, salvo que esté garantizada

6.- Agilización del cambio de Mercado Continuo a MAB, y reducción de requisitos regulatorios

7.- Regulación del crowdfunding-crowdlending, con la regulación de las Plataformas de Financiación Participativa.

Y vamos a detenernos un poco más en esta vía de financiación, que tantas esperanzas está creando.

La ley creará esta figura como un puro intermediario, asentado en plataformas informáticas, a la espera de una regulación armonizada europea que aún no existe, y que pondrá en contacto a promotores (solicitantes de financiación) y a inversores(aportadores de capital) que habrán de recibir, obligatoriamente, un rendimiento dinerario. O sea, que no valen ni regalos, ni camisetas, ni entradas de teatro ni copias de película.

Si bien el objetivo de la ley es regular estas PFP para asegurar la protección de inversores, y por ello las somete a requisitos de solvencia, organización interna y prevención de conflictos de intereses (inversión directa en proyectos financiados), al leer el Proyecto de Ley vemos que sus obligaciones son escasas: hacer llegar al promotor los fondos recogidos , y frente a los inversores entregar la información reglada (que no es mucha) y hacerles llegar los reintegros y la retribución por su inversión. Es decir, puro intermediario.

Con este Proyecto, se puede hablar de Crowdequity (inversión en capital) y de Crowdlending (inversión en préstamos)

La PFP ha de mantener un papel de neutralidad entre promotores e inversores, dado que no debe realizar ni recomendaciones, que supondrían “asesoramiento”, si bien en los préstamos ha de dar una calificación de riesgo, indicando los criterios que utiliza para esa calificación

Por su parte, el promotor solo puede solicitar un proyecto por PFP, con un máximo de 2 millones (o de 5 millones si se dirige a inversores acreditados), con el compromiso de aportar toda la información que la PFP le exija.

Los inversores se diferencian en acreditados y no acreditados. Para invertir en Crowdequity, el inversor ha de tener un patrimonio de más de 500.000 €. Para invertir en Crowdlending, se considera cualificado al particular con más de 50.000 € de renta o 100.000 € de patrimonio financiero (por ahora el Proyecto no tiene en cuenta el capital inmobiliario) y empresas con más de 2 millones de negocio, o 300.000 €  de recursos propios. Un inversor no cualificado no podrá invertir más de 3.000 € en un mismo proyecto ni más de 10.000 € en un año, en el conjunto de PFP. Eso sí, un particular cualquiera, si demuestra que ha sido asesorado por un asesor registrado (EAFI u otra entidad) podrá actuar como inversor cualificado.

Solo es un breve resumen. Muchas esperanzas que deberán concretarse. El inversor deberá olvidarse la cuenta corriente y asumir el riesgo, y el promotor deberá preparar sus planes de negocio para que la PFP le acepte el proyecto.

Ahora, a pensar, planificar e ir hacia adelante

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